Los recientes sucesos legislativos y judiciales en México pueden inducir al desaliento a muchas personas, que impotentes contemplan la prepotencia de legisladores y jueces que perpetran la institucionalización de la barbarie, dando carta de legitimidad al aborto, el matrimonio y la adopción homosexual. Lo peor de todo es que lo hacen en el nombre del progreso, la no discriminación y la defensa de los legítimos derechos, aplastando al mismo tiempo la dignidad y los derechos de la parte más débil: el niño, el feto, la familia, aquella parte que justifica la existencia misma del derecho y el poder de la ley.
Ante esta corrupción de la legalidad merced a la entronización de la injusticia, cabe ciertamente el desánimo. En efecto, la batalla se presentó, se buscó defender por todos los medios lícitos a la dignidad de la persona y la racionalidad del orden legal. Han pesado más prejuicios ideológicos e intereses políticos que el valor de la vida o la integridad de la familia. Sería sin embargo cobarde resignarse. Además, una mirada más profunda ayuda a vislumbrar un camino –arduo, es verdad- de esperanza: en el fondo son cristianos los principios que regulan el orden democrático imperante y que han conducido en parte a estos resultados lamentables. Es decir, aunque perdimos –por así decir- una partida, resulta que estamos jugando en casa: los presupuestos del orden democrático –nada menos que la dignidad de la persona y su carácter absoluto- son de origen cristiano.
La paradoja es que la democracia como instrumento político que preconiza la dignidad y el valor de cada ciudadano, se ha vuelto –contrariamente a su naturaleza y vocación- en selectiva. Podría afirmarse que todos los ciudadanos son beneficiados por la democracia, pero unos más que otros, o que unos son más democráticos que otros. De esta forma el ser humano concebido no está protegido por la democracia, ni el niño adoptado por la pareja homosexual –se prefirió el “derecho” de los homosexuales a tener niños, que el derecho de los niños a tener papá y mamá-, y la familia está altamente desprotegida en nuestra “democracia”.
Pero como las “reglas del juego de la democracia” tienen una raíz cristiana –si bien no la única: cristianismo, judaísmo y helenismo se dan la mano en su génesis- resulta que los cristianos no somos ajenos a ella; por el contrario, tenemos las herramientas, el bagaje, el lenguaje preciso para orientarla correctamente. En este sentido un buen cristiano no debería abstenerse de participar en la plaza pública, y si le es posible en el debate político.
Los recientes descalabros no deben desalentar -no solo a los cristianos coherentes, sino a tantas personas que no tienen estragado todavía el sentido común- sino todo lo contrario: deben invitar a participar más activa, más intensa y más concientemente en la vida pública. En efecto, es precisamente el reconocimiento de la igual dignidad que tiene cada persona (que dicho sea de paso, es difícil fundamentar si se carece de una perspectiva cristiana) lo que justifica la democracia: el que todos participemos y todos tomemos parte en la toma de decisiones políticas, si bien siguiendo los cauces adecuados para que no desemboque la sociedad en el caos.
Pero ¡atención!, los instrumentos políticos son precisamente para mantener el orden y garantizar la eficacia de ese gobierno que debe ser de todos y para todos. Por ello los cristianos y las personas con recto criterio no debemos inhibirnos de participar: ¡tenemos derecho y deber de hacerlo!, gozamos de igual dignidad y nuestra participación es importante para la construcción de la sociedad. Una sociedad que prescindiera sistemáticamente de los principios cristianos, además de ser injusta, sería una abstracción, porque está formada en gran medida por cristianos, y si no lo está, descansa en un sólido fundamento cristiano (de ahí la dificultad que sufren, por ejemplo, las democracias islámicas y algunas africanas).
No se trata de nostalgias del medioevo, donde la doctrina cristiana “pesaba más en la vida pública”. Al contrario, probablemente pesa más ahora, porque la dignidad humana y la libertad de las conciencias son profundamente cristianas y están en la raíz del ordenamiento democrático moderno. Sencillamente los “descalabros” lo único que quieren decir, es que los cristianos con frecuencia hemos sido indolentes: nuestro principal pecado es la omisión, el desinterés, la apatía. Es preciso despertar la conciencia y acabar con un aletargamiento social que amenaza –es verdad- con diluir las raíces cristianas de la democracia. En síntesis, es urgente participar más activamente, y en lugar de molestarnos por el activismo de los que no piensan como nosotros, aprendamos de ellos a participar decididamente en la vida social. Cuando para la mayor parte de la sociedad sea realmente importante la defensa de la vida y la identidad familiar, en ese momento cambiarán las leyes, pero antes se precisa una honda labor de formación, concientización y participación por nuestra parte.