Tal vez Usted haya oído hablar de un boicot contra una de los grandes operadores de centros comerciales, en la ciudad de México. ¿Por qué? Porque ya están hasta el gorro de los asaltos y secuestro que ocurren dentro del centro comercial, gracias a la escasa vigilancia que hay ahí. El boicot, que fue del 7 al 13 de junio, ha hecho que los dueños del centro comercial anuncien que habrá mayor vigilancia. Para el 27 de junio, se anuncia una gran marcha para que las autoridades hagan algo contra los secuestros y la violencia. La idea es obligar a las autoridades a tomar medidas. La reacción de las autoridades de la Ciudad de México, claro, es decir que es un movimiento político y que no hacen falta esa clase de protestas.
Por supuesto, dé Usted gracias a Dios de vivir en una localidad donde estas cosas no pasan. Pero creo que, no importa donde vivamos, hay que reflexionar sobre lo que está ocurriendo. En una ciudad, los ciudadanos tienen que recurrir a medidas extralegales para que las autoridades hagan su función. Hacer boicots y marchas es legal; lo que es extralegal (no ilegal) es que sean medidas para que las autoridades cumplan sus obligaciones. Extralegal, porque nuestras leyes no prevén que ese sea el mecanismo para exigir a las autoridades que cumplan su deber.
De todo corazón deseo que esas marchas y boicots sean exitosos y logren despertar a autoridades, más interesadas en la politiquería que en cumplir su misión. Pero me parece muy mal, muy triste, que las autoridades tengan que esperar a que los ciudadanos muestren su disgusto y su capacidad de organización, para tomar acciones. No debería ser así. Las autoridades deberían perseguir y prevenir los delitos de oficio, porque es su función, no porque se les obligue mediante presiones. Es su obligación; para eso se les eligió y para eso se les paga. No le están haciendo ningún favor a la ciudadanía.
Estamos viendo un enorme deterioro en el cumplimiento de la ley. No es solo la ciudad de México o las muertas de Juárez. En todo el país se menoscaba la seguridad pública: uno de los derechos de la sociedad y una de las mayores justificaciones para la existencia del Estado. Pero los gobernantes (con las obvias excepciones) y las autoridades mayores y menores se sienten dispensados de actuar ante el delito. Y los ciudadanos lo dejamos pasar, hasta que llega un momento en que la desesperación nos lleva a organizar actividades de presión para pedirles, ¡hágame el favor!, que cumplan con su deber.
¿Hasta cuando, señoras y señores? ¿Hasta cuando seguiremos eligiendo y pagando a autoridades que no nos cumplen? Y estos señores, ¿cuándo entenderán que no tienen que esperar a que se les presione para cumplir con su deber? Hay que exigir, hay que hablar, hay que crear conciencia, crear opinión. Que les llegue a sus ocupados oídos el clamor de una ciudadanía que está perdiendo la paciencia, que está cada vez más desesperada, más decepcionada de las autoridades, más disociada del Estado, percibido como cada vez más distante y ajeno a nuestras necesidades.