Sin pizca de ironía, sino compulsando los datos estadísticos oficiales, podemos afirmar que en España “progresamos” a pasos agigantados en el tema de los divorcios. Naturalmente, el progreso es cuantitativo (crece el número de familias rotas) y no cualitativo (adelanto real y moral).
Debería ser causa de máxima preocupación social el saber, según el CIS, que el 52 por ciento de los matrimonios no alcanzan los diez años de vida. Según el Instituto de Política Familiar “cada 4,1 minutos se produce una ruptura matrimonial en España, registrándose una media de 30.000 divorcios al año”.
Desde que en 1981 se aprobase la ley del divorcio, más de millón y medio de parejas se han acogido a la separación o al divorcio. Todo un record. Naturalmente, las estadísticas no dicen nada sobre los millares de niños que sufren, se traumatizan de por vida a causa del divorcio de sus padres.
A nadie extrañará la preocupación constante y creciente del Papa y la Santa Sede por el futuro que aguarda a nuestra nación. Si la familia, célula de la sociedad, está seriamente enferma, el porvenir de la Iglesia y del Estado no puede ser muy halagüeño en ningún sentido. Este no es progreso sino retroprogreso