La Santa Sede, así como la inmensa mayoría de las organizaciones internacionales en su defensa de la dignidad de la persona, condenan toda forma de discriminación hacia las personas homosexuales. Es decir, invitan a tomar conciencia sobre la dignidad de esas personas rechazando cualquier forma de violencia en contra de ellas. Eso no las exime a ellas, sin embargo, de respetar a su vez a las demás personas, independientemente de su credo o ideas; es decir, no las coloca en un estado de privilegio, por el cual ellas podrían impunemente ofender, atacar o criticar a otras personas sin que nadie pueda decirles nada. Es evidente que una postura tal es poco justa y tendenciosa.
Algo semejante sucede cuando alguien sostiene que no se les hace ninguna injuria al privarlos de la posibilidad de acceder a un enlace matrimonial. No se trata de una mayoría aplastante que vive de espaldas a las legítimas aspiraciones de una minoría, sino sencillamente de la realidad misma del matrimonio. No es hacer violencia respetar la naturaleza de la institución matrimonial. Tampoco es justo redefinirla o transformarla únicamente porque un grupo de personas así lo pide, argumentando que es el resultado de una cultura tradicionalmente excluyente hacia las personas de diferente orientación sexual, como si fuera una especie de rezago cultural o atavismo.
El consorcio permanente entre una mujer y un hombre ordenado a la transmisión de la vida y el amor es un bien fundamental para la sociedad. La sociedad debe preservarlo, fomentarlo, cuidarlo. La mera cohabitación sexual –ni siquiera entre hombre y mujer- no representa en cambio ningún bien para la sociedad, de modo que no lo protege ni lo sanciona con una institución peculiar. Si acaso, y a petición de los interesados, podría hablarse de un “contrato de convivencia” o algo semejante, para dar reconocimiento legal a una realidad de hecho -bastante diferente del matrimonio-pero darle el rango de matrimonio y sus beneficios es, a todas luces, injusto.
¿Dónde estriba la diferencia?, ¿por qué a la sociedad no le interesa fomentar este tipo de uniones? El ejercicio de la sexualidad es una cuestión estrictamente personal, ajena al interés social. La transmisión de la vida es un bien social, la sociedad vive, se forma y se alimenta de familias. No sólo por lo que se refiere a la transmisión y acogida de la vida –podrían intentarse vías alternas: adopción, “madres de alquiler”, etc.- sino también a su correcta maduración y crecimiento. Las niñas y los niños necesitan tener un modelo claro, diferenciado de masculinidad y feminidad, el carecer de unas orientaciones claras al respecto puede ser fuente de severos desajustes conductuales, traumas o crisis de identidad. No se pueden sacrificar los “derechos de los niños” en beneficio de supuestos “derechos de los homosexuales”; primero porque estos últimos en realidad no son derechos, y en segundo porque la sociedad debe defender a la parte más débil e indefensa, en este caso, los niños.
No es la sociedad la que los excluye, son ellos mismos los que se excluyen al hacerse incapaces de establecer una unión familiar y al rechazar todo tipo de ayuda que pueda permitirles crear una familia. Lo que no tiene lógica ni parece adecuado es afirmar: “como yo no soy capaz de acceder al matrimonio, ni quiero que nadie me ayude a que lo sea, entonces debemos modificar el matrimonio, para que sea lo que yo quiero o estoy dispuesto que sea”. Eso independientemente del coste que pueda tener. Hay personas con orientación o conductas homosexuales que han sido capaces de formar una familia: han hecho un esfuerzo, se han dejado ayudar y han demostrado que podían hacerlo. No me refiero a las que buscan el matrimonio para salvar las apariencias, sino a las que han intentado con rectitud tener una vida familiar plena, en vez de violentar la institución familiar.
Nadie obstaculiza que dos personas del mismo sexo cohabiten, es una decisión personal de ellas; llamarle matrimonio a su unión es lo que no parece acertado, porque implica empobrecer el contenido de la institución matrimonial o proporcionarles los mismos derechos que a los auténticos matrimonios, sin aportar nada a cambio, es decir ¡premiarlos por ser homosexuales! Una cosa es no discriminarlos y otra darles un premio… Cabe en consecuencia una postura no discriminatoria, ajena a la violencia, que respetando a la persona homosexual rechace su aspiración a que las uniones de este tipo sean consideradas “matrimonio civil”. No deja de ser tendenciosa la fuerte presión que existe para equiparar todo tipo de unión sexual con el matrimonio. Sin embargo, para una sociedad aletargada, donde el ídolo es el ejercicio indiscriminado de la sexualidad, no deja de ser una tentación nada despreciable, y sería triste que no ejerciéramos nuestro derecho de hablar y defender las instituciones más fundamentales, como son el matrimonio y la familia, sobre las cuales podemos proyectar el futuro.