En su interesante libro “La democracia de los sentidos” Javier Contreras titula un sugestivo capítulo como: “Cada rumor tiene su público”. Pienso que podemos afirmar que, también, cada escándalo tiene su público, sobre todo cuando interviene el factor morbo.
Los medios de comunicación son una realidad con un poder social cada día mayor, la cual vive y se fortalece a base del manejo de la información, tanto de verdades como de rumores. Esta actividad abarca tanto la selección, como el manejo de la noticia.
Tengamos en cuenta que los medios de comunicación son empresas muy complejas, las cuales pueden ser estudiadas desde diversos puntos de vista, entre los que -inevitablemente- está el económico: por la venta de las noticias en sí; por la publicidad; por sus compromisos fiscales; etc. de tal manera que, siendo medios de comunicación masiva son, al mismo tiempo, medios de “comercialización... más IVA”. Dicha realidad los convierte en posibles víctimas del amarillismo en busca del “raiting”: Si no publico: no vendo, si no vendo: no mantengo. ¿Hasta donde llega, pues, la obligación de publicar ciertas noticias que resultan escandalosas, con el consiguiente desprestigio de individuos, empresas, instituciones y autoridades?
Tema espinoso donde resulta fundamental definir la norma que regule la actividad informativa ya que, entre otras cosas, se corre el peligro de generalizar dañando la credibilidad de todos tomando los errores y delitos de algunos. Sobre todo ahora que los medios además de testigos, son protagonistas; y en no pocas ocasiones, hasta guionistas.
Por otra parte, es obvio que los medios necesiten fomentar la credibilidad entre su público, y por ello tienden a presentar todas las opiniones posibles sobre el tuétano de la noticia; para que cada quien saque sus conclusiones. Sin embargo, qué fácil resulta encontrar a la objetividad agachada, y con la cabeza dentro de la guillotina, sufriendo ante la posibilidad de que cualquier imprudente desate la cuerda que sujeta la pesada cuchilla.
Hoy en día, en este tema, se enfrentan dos opiniones opuestas: la de quienes afirman que los medios deben ser formadores, y la de quienes opinan que solamente deben ser informadores. Quizás al considerar los efectos conductuales tanto en menores de edad, como en gente de baja escolaridad, nos ayude a definir quiénes tienen la razón. Muchas de las conductas antisociales -por ejemplo- suelen ser el resultado de dos factores muy comunes: el mucho tiempo dedicado a la televisión, junto con la desatención de los padres de familia a sus hijos. (Lo curioso es que en este proceso los dos elementos suelen asignar la culpa a la otra parte).
Por su parte, Jorge Pérez Pascal afirma que “la sociedad tiene el derecho de regular, decidir y exigir qué es lo que los medios deben, o no, sacar a la luz, como también la responsabilidad de analizarlos y regularlos”. Dicha afirmación suena atractiva dentro de un marco democrático, sin embargo, la Historia nos da dos lecciones que conviene no perder de vista: Primera: la verdad, y la mejor elección, no están necesariamente en un porcentaje mayoritario de la sociedad. Segunda: los adultos -no por el simple hecho de serlo- tenemos capacidad de juzgar rectamente. El único recurso adecuado requiere de la formación de la conciencia cívica de los particulares, para que, en base a un criterio objetivo y maduro sintamos el deber de velar por el bien común, para exigir a los medios que cumplan sus deberes éticos.
En el libro citado arriba, Javier Contreras afirma que: “Para evitar toda manipulación es necesario que los ciudadanos sean conscientes de que la información es un derecho fundamental que les pertenece, y que debe ser tratada como tal, y no como mercancía por los medios de comunicación. Hay que fomentar la creación de asociaciones de usuarios de la comunicación, y facilitar, desde la escuela, una educación sobre los medios...”. Las asociaciones mencionadas por Contreras son ya una realidad en varios países, y no cabe duda de que son un recurso válido para fomentar una información verídica y útil que fomente una adecuada ecología social.