IV Conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre la mujer, Pekín, septiembre de 1995
Monseñor Cándido Rubiolo
Señora presidenta:
La delegación de la Santa Sede agradece, ante todo, al Gobierno de Argentina por la hospitalidad que nos ofrece, así como la dedicación de todos los que de alguna manera han colaborado en la organización de la VI Conferencia regional sobre la integración de la mujer en el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, que servirá al mismo tiempo de preparación a la IV Conferencia mundial sobre la mujer (Pekín, 1995).
La Santa Sede participa, con estatuto de Observación, en todas las reuniones regionales preparatorias de esta Conferencia mundial. Esto ayuda a su Delegación a profundizar en los problemas que se presentan en las varias regiones del mundo y a apreciar las diferencias con las que estas problemáticas se viven en las diversas áreas geográficas.
El Programa de acción regional para las mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, que constituye un aporte a la IV Conferencia mundial sobre la mujer, se estructura en torno a seis temas básicos: equidad de género, integración social; participación de las mujeres en las responsabilidades y beneficios del desarrollo; reducción y alivio de la pobreza de las mujeres; participación de las mujeres en la adopción de decisiones y en el poder; derechos humanos, paz y violencia, y responsabilidades familiares compartidas.
Siendo cada uno de ellos de gran interés para la Santa Sede, mi delegación desearía señalar algunas ideas con el deseo de contribuir a la reflexión sobre los mismos.
La Santa Sede apoya firmemente todos los esfuerzos para que la mujer pueda efectivamente gozar pacíficamente de sus derechos en la sociedad. Considera que el criterio de referencia para una reflexión sobre la igualdad de derechos, es el respeto de la dignidad de la persona humana. La enseñanza tradicional y constante de la Iglesia católica afirma la igual dignidad de la mujer y del hombre, ambos criaturas de Dios seres humanos en un mismo grado, que se complementan mutuamente.
El hecho de la complementariedad de la mujer y del hombre, la igualdad en la diversidad, el derecho a ser mujer y de estar así presente en todos los ámbitos de la vida social, económica y política, enriquece el desarrollo humano y libera a la mujer de una autorrealización según el modo y el estilo de vida de una sociedad en su organización en gran parte masculina, para construir un mundo más humano.
Hoy existe una mayor protección jurídica de la mujer por parte de la comunidad internacional. Mi delegación constata, sin embargo, como también lo señalan repetidamente los documentos presentados en esta sede, que existe todavía una gran diferencia entre lo que jurídicamente se afirma a nivel internacional y la aplicación concreta de estos principios. Esto se constata en el recurso limitado o incluso a veces en la ausencia del recurso a los medios legislativos, ejecutivos, administrativos o judiciales para garantizar la paridad real de los derechos y de las libertades fundamentales a nivel de las instituciones del Estado.
La puesta en acto de cuanto afirmado a nivel internacional está íntimamente ligada con la interpretación correcta de los derechos y de su aplicación en las circunstancias concretas. Por esto las mujeres deben poder participar en la elaboración de las decisiones con una participación activa en la vida política que permanece todavía, en sus estructuras y en sus funcionamientos, como un mundo esencialmente masculino.
Esta integración de la mujer en los procesos de toma de decisiones, está íntimamente relacionada con la problemática del trabajo de la mujer. El derecho de la mujer a una integración en el mundo del trabajo, en condiciones de paridad con el varón, no se podrá lograr mientras las diferencias y costos -inevitables- graviten sobre los que ofrecen el trabajo. La sociedad debería implementar oportunas medidas legislativas y de seguridad social.
La delegación de la Santa Sede considera, además, que los derechos de la mujer que decide incorporarse al mundo laboral, no deben hacer olvidar los derechos de las mujeres que deciden trabajar en casa para dedicar más tiempo a la familia.
Las políticas familiares deben asegurar condiciones favorables de equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar de ambos esposos. La remuneración del trabajo debe ser suficiente para fundar y mantener una familia, ya sea mediante un salario adecuado para sostenerla o mediante medidas sociales tales como las asignaciones familiares o la remuneración del trabajo de uno de los cónyuges en casa.
No se puede ignorar el fenómeno de la violencia contra las mujeres, sea ésta de tipo físico, sexual, psicológico o moral. En realidad toda violencia que toca a la mujer, atañe a su ser en su integridad. En particular, es muy preocupante el crecimiento de la violencia en familia prácticamente en todas las culturas, en todas las clases sociales y en todas las regiones.
Como ejemplos de violencia se pueden citar, además, la violencia en el lugar de trabajo, la pornografía, la prostitución, la violación, el control obligatorio del número de nacimientos, la esterilización forzada y la incitación al aborto.
Cualquier tipo de violencia va en contra de los derechos más elementales de la mujer y se puede explicar por la ausencia de respeto a la dignidad de la persona. Sucede así, también, en los casos de manipulación de su imagen en los medios de comunicación y en la industria publicitaria; manipulación que tiene efectos nefastos sobre los comportamientos en relación con la mujer.
Son de desear políticas que exijan a los medios de comunicación el establecer y observar normas éticas de conducta para promover la dignidad de la mujer.
Muy relacionado con el tema de la violencia, está el tema de la pobreza, íntimamente unido también con el problema de las migraciones, con una gran incidencia en la vida de la mujer, que a menudo sufre más intensamente las consecuencias de la carencia de medios. Son numerosos los casos de familias divididas, con abandono de la mujer por parte del marido, dejándola sola frente a la responsabilidad de atender a los hijos y a las personas ancianas que forman parte del núcleo familiar.
La Santa Sede apoya todos los esfuerzos para ayudar a las mujeres en tales situaciones: servicios sociales, habitaciones, consultorios, reinserción en la vida de trabajo. Muchos de ellos constituyen, sin embargo, soluciones temporales. Si se debe llegar a una solución definitiva de tales problemas, hay que tomar medidas, con la participación de las mismas mujeres, que lleven a una mejoría integral de la sociedad. Se trata, por supuesto, de un problema global, que debe replantear, además, la fuerte remuneración de ciertas actividades y la escasa remuneración o nula, de muchas otras, que hace que las mujeres continúen siendo pobres a pesar de su trabajo.
El proyecto de Programa de acción regional para las mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, entre sus objetivos estratégicos presenta, además, la consideración de la salud de las mujeres en forma integral, equitativa y de acuerdo con las diferentes etapas de su vida. La delegación de la Santa Sede apoya en los distintos foros internacionales la necesidad de una promoción de los servicios de salud para la mujer. Incluso en países con una minoría católica existen miles de hospitales, clínicas, dispensarios, así como otros tipos de estructuras de instituciones católicas.
Esta promoción se extiende también a los casos en los que la mujer se tiene que enfrentar con un embarazo no deseado. Se utiliza en muchas ocasiones el argumento de que si el aborto fuera legal se reduciría entre las mujeres el número de mortalidad por esta causa. Informaciones de diversas agencias de las Naciones Unidas indican, sin embargo, que hay graves preocupaciones en relación con la salud de la madre en algunos países donde el aborto es libre pero las condiciones de la sanidad son pobres. Incluso cuando el aborto se realiza con la debida atención médica, conlleva riesgos para la mujer. Por otra parte, la Santa Sede no puede dejar de manifestar su oposición a la eliminación voluntaria de un ser humano indefenso en cualquier circunstancia. La respuesta se debe buscar en la solución de los problemas sociales y económicos que son la causa de que la mujer tenga que recurrir al aborto, con gran sufrimiento interno, en la mayoría de las ocasiones.
En relación con los términos «salud reproductiva» y «derechos reproductivos» la Santa Sede los considera como conceptos que se refieren a la persona de forma integral, en la totalidad de su personalidad, corporal y espiritual y orientados a la madurez en el campo sexual y en el amor mutuo que caracteriza las relaciones conyugales, de acuerdo con la norma moral.
La participación plena en la vida social, cultural, económica y política, por parte de la mujer, necesita un esfuerzo de la sociedad en el campo de la formación a todos los niveles. Por una parte la mujer tiene derecho a acceder a una formación que la capacite a participar en la vida pública y a realizarse plenamente en el ámbito familiar.
La formación es igualmente necesaria a los hombres, para orientarlos a considerar a la mujer en el pleno respeto de sus derechos.
La delegación de la Santa Sede se augura que la plena realización de los derechos de la mujer no sea solamente una cuestión femenina, sino un asunto que concierne a la sociedad entera.
Gracias, señora presidenta.
Mar del Plata, 25-29 de septiembre de 1994