Declaración del Pontificio Consejo para la Familia acerca de la Resolución del Parlamento Europeo del 16/3/2000 sobre equiparación entre familia y 'uniones de hecho', incluso homosexuales.
Los medios de comunicación informan que el Parlamento Europeo ha aprobado una Resolución sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea, que contempla también la modalidad de las uniones de hecho y entre ellas la convivencia registrada entre personas de un mismo sexo, así como la necesidad del reconocimiento de 'matrimonios legales' entre personas del mismo sexo.
Esta Resolución representa un grave y reiterado atentado contra la familia fundada en el matrimonio, como unión de amor y de vida entre un hombre y una mujer, de la cual naturalmente nace la vida. En tal unión matrimonial, como bien necesario que es, está sólidamente basada toda sociedad. Negar esta fundamental y elemental verdad antropológica llevaría a la destrucción del tejido social. Asimilar tales uniones de hecho, y más aún las homosexuales, a las uniones propiamente matrimoniales e invitar a que los Parlamentos legislen en este sentido, ¿no constituye un desconocimiento de la profunda aspiración de los pueblos en su más honda identidad?
A lo largo de la historia los pueblos han reconocido con sabiduría lo que es y comporta el matrimonio, ahora sometido por el Parlamento Europeo en esta Resolución a tan lamentable tergiversación. Por fortuna, los Parlamentos de Europa sabrán seguramente estar en sintonía con la inmensa mayoría de las familias europeas, a las que urge ayudar en su noble misión y que ahora se verían injustamente equiparadas a esta clase de 'uniones', por esta resolución, que en ninguna forma tiene auténtico valor de ley o de orientación obligante. La naturaleza específica de la familia, fundada en el matrimonio, es reconocida por la mayoría de las Constituciones europeas. Esta no es por otra parte sólo una verdad de los creyentes, sino patrimonio natural de la humanidad, inscrita en el corazón del hombre y que marca la cultura de los pueblos.
Por tanto, los legisladores, y en modo particular los parlamentarios católicos, no podrían cooperar con su voto a esta clase de legislación, que, por ir contra el bien común y la verdad del hombre, sería propiamente inicua.
Ciudad del Vaticano, 17 de marzo de 2000
Cardenal Alfonso López Trujillo
Presidente
+Francisco Gil Hellín
+Secretario