Introducción
Hay una serie de ataques contra la vida humana en América Latina, silenciosos y sutiles, pero no menos reales. Incluso, dejan muchas más víctimas que todas las guerras que se han librado en el mundo y estas víctimas son las más inocentes e indefensas que existen. Se trata de los ataques a la vida humana perpetrados por el aborto quirúrgico y el aborto farmacológico.
Las organizaciones que llevan a cabo estos ataques utilizan estrategias inteligentemente engañosas y muy eficaces para llevar a cabo su objetivo de dominio económico e ideológico sobre nuestros países hispanos. De esas estrategias es de lo que les quiero hablar aquí.
1. " mismos estrategias engañosas, por cuanto son eufemismos que esconden con términos bonitos la macabra realidad que promueven.
La primera variante de la estrategia de la "maternidad sin riegos" consiste en exagerar el número de mujeres que mueren por aborto ilegal en América Latina, para entonces alegar que hay que legalizar el aborto para que éste sea "seguro" para la mujer. Esta estrategia se empleó con éxito en Estados Unidos para lograr en 1973 la legalización del aborto a petición, desde la concepción hasta el proceso mismo del nacimiento. Los proabortistas decían que en Estados Unidos cada año morían de 5 mil a 10 mil mujeres por aborto ilegal. Estas cifras son contradichas por los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) de ese país, que reportaron entre 50 y 100 muertes maternas por aborto ilegal en los años que precedieron a la legalización del aborto en 1973. Sin embargo, la fuerte propaganda proabortista, con la ayuda de los medios de comunicación, pudo más que la verdad.
Desde hace algunos años esta misma estrategia se emplea para lograr el mismo objetivo en América Latina, si bien ello se niega en público debido a que el aborto es ilegal en la mayoría de nuestros países. La IPPF afirma en su "Declaración de Principios" de su documento Visión 2.000, que uno de sus compromisos más importantes es la promoción del aborto "seguro". Aquí va implícita la presuposición de que una vez que el aborto se legaliza, éste se vuelve inocuo, como si la legalidad le confiriese una especie de "seguridad automática" al aborto.
Para refutar la falacia de la "maternidad sin riegos", primero es necesario denunciar las exageraciones en los informes de muertes maternas por aborto ilegal, que los proabortistas dan en los distintos países de nuestro continente. Por ejemplo, en México, activistas como éstos citaron las cifras de la Cámara Nacional de Hospitales, la cual reportó en 1991, 300.000 muertes maternas por aborto ilegal al año en ese país. Sin embargo, según reportó el Anuario Estadístico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1988, en ese país murieron en 1983 sólo 177.420 mujeres de todas las edades y por todas las causas; 22.330 de ellas en edad fértil. La OMS también reportó 216 muertes debido a los abortos, sin especificar si esta cifra incluía o no los abortos espontáneos. Hay que aclarar que la OMS no se destaca precisamente por ser una organización a favor de la vida.
El segundo paso en esta refutación es denunciar la falsedad de equiparar el aborto legal con el aborto "seguro". Todo aborto es trágico. En primer lugar, siempre es mortal para el bebé no nacido. En segundo lugar, es dañino psicológica y físicamente para la mujer. En algunos casos es mortal también para ella.
Es cierto que el aborto ilegal es más arriesgado que el aborto legal, pero éste último también es arriesgado. Vida Humana Internacional tiene una lista de más de un centenar de mujeres que han muerto por abortos legales en Estados Unidos, a pesar de que hace más de dos décadas que se legalizó el aborto provocado. Una de esas muertes ocurrió el 19 de diciembre de 1995. A Carolina Gutiérrez se le practicó un aborto legal en la clínica Maber Medical Center de Miami, Estado de la Florida. Poco después, la joven nicaragüense de 21 años llamó a la clínica donde le practicaron el aborto, para reportar los intensos dolores que estaba sufriendo. Ni siquiera le hicieron caso. Dos días después yacía en estado de coma en el Hospital Jackson Memorial, en Miami, con el útero perforado. Los médicos le amputaron las dos piernas para intentar salvarle la vida, pero el 5 de febrero de 1996 Carolina murió, dejando a dos niños huérfanos y a un desconsolado viudo, que no quería que su esposa abortara ni sabía que planeaba hacerlo.
Sin embargo, el Estado de la Florida autorizó a la clínica a renovar su licencia, que expiraba en junio de 1996. Este es solo uno de incontables casos similares que suceden a menudo en Estados Unidos.
El tercer paso en la refutación de la "maternidad sin riesgos" es aclarar que cuando el aborto se legaliza su número aumenta mucho y por tanto el número total de muertes y lesiones maternas debido al aborto aumentan también, si bien el porcentaje de riesgo por mujer es menor. En Estados Unidos, por ejemplo, antes de la legalización del aborto a nivel nacional en 1973, había de 100.000 a 200.000 abortos al año. Ahora hay aproximadamente millón y medio anualmente. El número de abortos ha aumentado aproximadamente 15 veces. El número total de muertes y lesiones maternas por tanto ha aumentado, si bien esa cifra no se puede precisar debido a la conspiración de silencio de la industria del aborto en torno al tema.
La legalización del aborto por tanto no resuelve el problema de las muertes y lesiones maternas debido al aborto ilegal, y ello sin tomar en cuenta el incontrovertible hecho de que el aborto destruye la vida de un ser humano en desarrollo.
La segunda variante de la estrategia de la "maternidad sin riegos" es la promoción de las excepciones, concretamente en este caso la del mal llamado aborto "terapéutico". Se le llama así al aborto que se practica con el pretexto de salvar la salud o la vida de la madre.
El objetivo aquí es ganarse la aceptación de la gente, alegando una falsa "compasión". En realidad lo que se busca, una vez aceptado el aborto "terapéutico", es aumentar las excepciones" hasta llegar al aborto a petición. Es preciso aclarar que las excepciones al aborto siempre llevan al aborto a petición y por cualquier motivo. En esto no hay excepciones. La legalización del aborto a petición en Estados Unidos comenzó precisamente con las "excepciones", o sea, el aborto en los casos más difíciles como incesto y violación.
Para refutar esta estrategia se necesita primero, por supuesto, mostrar el caso de Estados Unidos y de otros países que han ido de las excepciones al aborto a petición y por cualquier motivo. La razón por la cual estos países han hecho esta transición es que el significado del término "salud" ha sido ampliado de tal modo que incluye los factores psicológicos, sociales y familiares, dando como resultado que cualquier pretexto de tipo socioeconómico justifica legalmente el aborto. Ese es precisamente el caso de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de ese país emitió dos fallos el 22 de enero de 1973: Roe v. Wade, por medio del cual legalizó el aborto por cualquier razón durante los tres primeros meses del embarazo y lo permitió sólo por razones de "salud" y vida de la madre durante el resto del embarazo; y luego Doe v. Bolton, por medio difíciles como incesto y violación.
Para refutar esta estrategia se necesita primero, por supuesto, mostrar el caso de Estados Unidos y de otros países que han ido de las excepciones al aborto a petición y por cualquier motivo. La razón por la cual estos países han hecho esta transición es que el significado del término "salud" ha sido ampliado de tal modo que incluye los factores psicológicos, sociales y familiares, dando como resultado que cualquier pretexto de tipo socioeconómico justifica legalmente el aborto. Ese es precisamente el caso de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de ese país emitió dos fallos el 22 de enero de 1973: Roe v. Wade, por medio del cual legalizó el aborto por cualquier razón durante los tres primeros meses del embarazo y lo permitió sólo por razones de "salud" y vida de la madre durante el resto del embarazo; y luego Doe v. Bolton, por medio del cual echó abajo su propia limitación ampliando el sentido de la palabra "salud", como ya se ha explicado. El resultado es que tenemos aborto legal a petición en Estados Unidos hasta el momento mismo del nacimiento. Este mal llamado "derecho de la mujer" se extendió más tarde, por medio de otro fallo, a las jovencitas menores de edad, sin el consentimiento paterno, y a las mujeres casadas, sin el consentimiento o conocimiento de su esposo.
Es importante aclarar la diferencia ética y médica entre el aborto "terapéutico" y el aborto indirecto. Para ello referimos al lector al artículo: ”¿Qué pasa cuando peligra la vida de la madre?”. En dicho artículo explica muy bien esa diferencia.
El punto está claro: no hay necesidad ninguna, ni tampoco es moralmente lícito, recurrir al aborto "terapéutico". Los promotores del aborto pretenden engañarnos introduciendo cláusulas de "salud" en los códigos penales de los países hispanos para lograr así, primero la legalización de ciertos abortos, y luego la ampliación de dicha la ley.
2.- La "anticoncepción de emergencia"
La "anticoncepción de emergencia" es una de las estrategias más vigentes en la actualidad en América Latina. Consiste en ingerir píldoras anticonceptivas de dosis altas o en la inserción de un dispositivo intrauterino (DIU) cierto tiempo después de un acto sexual en el cual no se usaron anticonceptivos.
En realidad los métodos de la "anticoncepción de emergencia" actúan la mayor parte del tiempo como abortivos, en caso de que haya ocurrido la concepción. Ello se debe a que tanto la píldora anticonceptiva como el DIU actúan, parte del tiempo, de forma abortiva, por cuanto uno de sus mecanismos es impedir la implantación en el útero del óvulo fecundado (o sea, de la nueva vida recién concebida). Es lógico que si se utilizan dosis más elevadas de píldoras anticonceptivas o si se inserta un DIU durante el tiempo que sigue a un acto sexual fecundo, el mecanismo abortivo funcionará con más frecuencia aún. También aumentarán los efectos dañinos para la mujer, de estos mal llamados "anticonceptivos".
Sin embargo, las organizaciones proabortistas, especialmente la IPPF, niegan que la "anticoncepción de emergencia" constituya un aborto, porque dicen que el embarazo comienza en la implantación, en vez de la concepción. Como el aborto, por definición, consiste en la interrupción del embarazo que resulta en la muerte del embrión o feto y como el mecanismo de acción de la "anticoncepción de emergencia" tiene lugar antes de la implantación --o sea, antes del comienzo del embarazo-- entonces, alegan la IPPF y sus filiales, que no se trata de un aborto, sino de un mecanismo anticonceptivo.
MEXFAM, la filial de la IPPF en México, proclama estos errores como si fuesen verdades en su sitio en Internet. Alega que sus datos "científicos" se basan en la información que proporciona la Oficina de Investigación en Población de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. PROFAMILIA, la filial de la IPPF en Colombia, también alega que el embarazo comienza en la implantación, si bien algunos de sus propios folletos de "educación" sexual inmoral contradicen esta afirmación. Ya en los años 60 el Colegio de Gineco-obstetras de Estados Unidos había cambiado la definición del comienzo del embarazo de la concepción a la implantación, posiblemente para evitar problemas legales debido al mecanismo abortivo del DIU. En aquel entonces, el aborto provocado era ilegal en Estados Unidos.
Sin embargo, esta gimnasia semántica no encuentra apoyo científico alguno en los principales diccionarios médicos contemporáneos, que se utilizan en las más prestigiosas facultades de medicina de la actualidad. Todos ellos definen el comienzo del embarazo como la concepción y a ésta como la unión del óvulo y del espermatozoide, en la cual comienza también la vida de un nuevo ser humano.
3.- La "regulación menstrual"
Otra estrategia proabortista que también se está utilizando en América Latina es la eufemísticamente llamada "regulación menstrual", "aspiración ginecológica" o "extracción menstrual". Todos estos términos engañosos significan lo mismo: el uso de aparatos abortivos de succión antes de confirmar el embarazo, para así burlar las leyes que prohíben el aborto en los países latinoamericanos. En efecto, para poder penalizar un aborto procurado, tiene que haber una prueba del embarazo. Pero si se lleva a cabo este procedimiento sin confirmar el embarazo, entonces no hay prueba segura de que se llevó a cabo un aborto. Estas afirmaciones se encuentran ampliamente descritas en el Manual de planificación de la familia para médicos de la IPPF.
De hecho, la IPPF ha suministrado miles de equipos para llevar a cabo abortos por aspiración al vacío, con el pretexto de "recoger muestras de tejido" o "terminar abortos incompletos", pero que pueden ser igualmente utilizados para practicar abortos por succión en las primeras etapas del embarazo. De esta forma, la IPPF comenzó hace treinta años a introducir el aborto a petición en muchos países en desarrollo. El Dr. Malcolm Potts, que fue un dirigente de esta organización, reconoce que la "regulación menstrual" o "extracción menstrual" es realmente un procedimiento abortivo, y que es un método "simple y conveniente" para realizar abortos donde el aborto es ilegal, y que estos abortos difícilmente podrán ser enjuiciados.
4. La "salud reproductiva"
Más que una estrategia, la "salud reproductiva" es un conjunto de estrategias en torno a una maquiavélica tergiversación de la promoción de la "salud". La "salud reproductiva" incluye las estrategias ya mencionadas y otras más que mencionaremos a continuación. Se trata, a largo plazo, de una de las más insidiosas y peligrosas de las estrategias proabortistas en la actualidad en América Latina.
Pero antes de mencionar las distintas estrategias que componen la "salud reproductiva", conviene señalar el objetivo principal que las mueve a todas ellas. Las organizaciones proabortistas, especialmente la ONU y la IPPF, han incluido entre los derechos humanos el derecho a la "salud reproductiva". El término "salud reproductiva" fue definido en la Conferencia de Población en El Cairo en l994, como "la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, así como de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia." Y se supone que es "necesario" el uso de los anticonceptivos (especialmente los que son abortivos), la esterilización y el aborto, como medios para alcanzar o mantener la "salud". Puesto que los promotores de la "cultura" de la muerte alegan que todos los gobiernos están obligados a implementar el Programa de Acción de El Cairo, la conclusión es obvia: el libre acceso (incluyendo el de menores de edad) al aborto, a los anticonceptivos y a la esterilización, se convierte en un derecho humano inalienable, al que ningún gobierno o autoridad (eclesiástica, familiar, etc.) podrá sustraerse.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) ha propuesto una reinterpretación muy similar de los derechos humanos a la de la "salud reproductiva". Se trata de la reinterpretación desde la "perspectiva de género". El término "género" aquí no se refiere a los sexos masculino y femenino, sino que es un eufemismo que se refiere a una ideología que niega el fundamento natural de los roles tradicionales del hombre y la mujer y que alega que todos ellos, incluyendo el concepto mismo de la maternidad, son puras invenciones sociales sujetas a cambio. En este contexto, la sexualidad es reinterpretrada para que incluya como "normales" el homosexualismo, el bisexualismo, el trasvestismo y toda clase de aberraciones sexuales. También incluye por supuesto lo dicho anteriormente sobre la "salud reproductiva". En su "Declaración de los derechos humanos desde una perspectiva de género", presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 50 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, CLADEM incluye entre los "derechos sexuales y reproductivos", no solo el derecho a la "libertad en la orientación sexual", sino también "al aborto seguro y legal".
a. La estrategia de la "inclusión"
Por todo lo que se ha dicho anteriormente es que la promoción de la "planificación familiar" (anticonceptivos y esterilización) se da como parte de los servicios normales de la salud, especialmente los que tienen que ver con el aparato reproductor femenino y la maternidad. Esta estrategia, que podemos llamar de "integración" o "inclusión", se da en las "clínicas" de la IPPF y en los Ministerios de Salud de los gobiernos latinoamericanos, fuertemente influenciados por la IPPF y la ONU. También se da en los centros de salud donde la IPPF y sus filiales atienden a la juventud, donde les ofrecen atención médica para sus enfermedades venéreas y embarazos "no deseados".
b. La violencia doméstica
Esta estrategia de la inclusión ha adquirido una variante muy ingeniosa por parte de estas organizaciones proabortistas: la de incluir en la información feminista de corte proabortista así como en sus preocupaciones sociales, la violencia doméstica o intrafamiliar contra la mujer. Sólo una persona insensible o machista estaría en contra de desarrollar programas contra esta horrible plaga social. La IPPF, la ONU y las organizaciones feministas proabortistas se han convertido en abanderadas de la lucha contra la violencia intrafamiliar, mezclándola por supuesto, con su promoción de la anticoncepción y el aborto, como si fueran parte del mismo pastel.
Los grupos feministas antivida en Latinoamérica, desde hace años están vinculando la violencia doméstica con la "salud reproductiva", lo cual, señalan, les da acceso a fondos. Por ejemplo, "un total de más de 7 millones de dólares fueron aportados por la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo desde l994, para proyectos sobre violencia y salud" a organizaciones feministas latinoamericanas.
El Grupo Parlamentario sobre Población y Desarrollo (GPI), cuyo presidente es el mismo de la IPPF- Hemisferio Occidental, promovió en Venezuela un programa llamado "Violencia de Género y Familia". Este programa logró la aprobación de la Ley nacional sobre la violencia contra mujeres en el Parlamento Venezolano, el 13 de septiembre de 1998.
En Latinoamérica hay un número de proyectos de leyes pendientes en varios países, en lo que concierne a la violencia doméstica. Aunque es necesario proteger a la mujer y a los niños de esta plaga, tenemos que mantenernos vigilantes pues dichos proyectos podrían ser un "caballo de Troya" para la promoción de la anticoncepción y la legalización del aborto. Por ejemplo, en el Estado de la Florida, Estados Unidos, hay un curso de violéncia doméstica en el que se alega que el negarle a la mujer el "derecho" a utilizar anticonceptivos constituye violencia doméstica.
c. Alegar la falsedad de que los anticonceptivos impiden el aborto
Además de las estrategias ya mencionadas, la "salud reproductiva" consiste en la promoción de los anticonceptivos con el pretexto de eliminar el recurso al aborto ilegal, conocido en términos eufemísticos como el aborto "realizado en condiciones de riesgo". Es evidente que esta estrategia es muy exitosa en los países latinoamericanos, la mayoría de los cuales prohíben el aborto.
El argumento de que la anticoncepción impide el aborto suena muy plausible a primera vista. Sin embargo, un examen más detallado de los hechos nos demuestra que la realidad es todo lo contrario. La anticoncepción lleva al aborto. La experiencia de Estados Unidos y de otros países llamados "desarrollados" ha demostrado la verdad de esta afirmación, demostración que aquí, por falta de tiempo, sólo abordaremos de forma muy resumida (pero que está muy bien documentada).
En primer lugar, los principales anticonceptivos son abortivos. La píldora, el DIU, los inyectables como la Depo-Provera y los implantes como el Norplant, actúan, al menos parte del tiempo, como abortivos, de la forma que ya se explicó. Es más, el número de abortos causados por estos anticonceptivos es mucho mayor que el de los abortos quirúrgicos. En el mundo se realizan al año unos 50 millones de abortos quirúrgicos; sin embargo, el número de abortos causados por los anticonceptivos anualmente, sólo teniendo en cuenta la píldora y el DIU, alcanza la cifra holocáustica de 140 millones.
Pero lo más sorprendente es que los mismos promotores de los anticonceptivos han confesado que la promoción de éstos han contribuido al aumento del aborto quirúrgico. El Dr. Malcom Potts, ex dirigente de Paternidad Planificada, filial de la IPPF en Estados Unidos, dijo en 1973: "Según la gente vaya aceptando la anticoncepción habrá un aumento, no una disminución, de los abortos." El Dr. Alan Guttmacher, el ya fallecido presidente de Paternidad Planificada, dijo en 1973: "Todos ustedes reconocen la lógica inclusión de la esterilización y el aborto como componentes integrales de un moderno servicio de control de la natalidad". El Tribunal Supremo de Estados Unidos, dijo en 1992: "En algunos aspectos críticos, el aborto es de la misma naturaleza que la decisión de usar anticonceptivos...durante dos décadas... las personas han llevado a cabo sus relaciones íntimas...en la confianza de la disponibilidad del aborto en caso de que los anticonceptivos llegasen a fallar."
No podemos olvidar tampoco el hecho de que los anticonceptivos tienen numerosos efectos dañinos en sus usuarias. Como la mujer es la que con más frecuencia los usa, ella también es la que con más frecuencia resulta perjudicada. Y todo ello para estar disponible para el hombre en todo momento, como si fuese un objeto sexual. Cabría preguntarse si con los anticonceptivos la mujer se ha liberado del machismo, o se ha esclavizado aún más.
Pero hay más aún. Al margen del mecanismo abortivo de los principales anticonceptivos, se ha comprobado por medio de estudios que las parejas (casadas o no) que utilizan anticonceptivos son más propensas a recurrir al aborto cuando les fallan los anticonceptivos que las que no los utilizan.
5. La "educación" sexual hedonista
Este hecho de que las usarias de anticonceptivos son más propensas a recurrir al aborto que las que no lo son, es más patente aún en el caso de las víctimas de la "educación" sexual hedonista que promueven la IPPF, la ONU y otras entidades proabortistas --"educación" que, dicho sea de paso, es en realidad otra estrategia de la "salud reproductiva".
No existe ningún estudio que demuestre que la "educación" sexual que promueve, sutil o no tan sutilmente, la "planificación familiar" con el pretexto de impedir el aborto, los casos de enfermedades de transmisión sexual y los embarazos fuera del matrimonio; haya podido impedir todos estos problemas. Es más, este tipo de "educación" sexual ha contribuido precisamente al aumento de los mismos, debido a que ha fomentado la promiscuidad.
En relación a esto último podemos darnos cuenta de que la "educación" sexual de la IPPF et. al. no es otra cosa que un muy sutil mercadeo sexual. Es decir, la IPPF, la ONU, etc., crean su propio mercado juvenil de clientes por medio de la "educación" sexual hedonista, la cual supuestamente promueve una "sexualidad responsable". Para la IPPF y sus aliados, la "sexualidad responsable" significa el derecho a tener relaciones sexuales a cualquier edad, sin estar casados y con quien sea (hombre o mujer), siempre y cuando se utilicen anticonceptivos y especialmente preservativos o condones, suministrados a muy bajo precio por supuesto, por la IPPF y sus filiales.
De hecho, cuando el uso de la anticoncepción se generaliza, tarde o temprano los que la promueven solicitarán la legalización del aborto, para los casos en que "fallan" los anticonceptivos, sobre todo en lo que se refiere a los jóvenes. Esto fue precisamente lo que sucedió en Estados Unidos, donde en un corto período de tiempo, Paternidad Planificada pasó de exigir y obtener ante el Tribunal Supremo el "derecho" de los jóvenes menores de edad a todos los métodos anticonceptivos (en l972), a demandar y obtener también, el derecho de las menores de edad a practicarse un aborto, sin que sus padres siquiera se enteren ( fallo del Tribunal Supremo en Planned Parenthood vs Danforth, 1976).
Es obvio que la IPPF y sus filiales quieren lograr un triunfo similar en Latinoamérica. En la "Carta de IPPF de derechos sexuales y reproductivos - Visión 2,000" (pág. l6), dicha organización afirma su compromiso de "...emprender todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del siguiente derecho:...Todos los servicios de la salud sexual y reproductiva...debieran ponerse a disposición de todos los individuos y parejas, especialmente a los jóvenes..." En l996 PROFAMILIA, filial de la IPPF en Puerto Rico, tomó la iniciativa en este sentido, al promover activamente un proyecto de ley como una de sus "prioridades", para "defender los derechos reproductivos" de los/las jóvenes adolescentes, entre los cuales incluyen los anticonceptivos y el aborto. ("La Voz de PROFAMILIA", octubre-diciembre, l996.)
Según parece, la IPPF también quiere "liberar" a los jóvenes latinoamericanos de la influencia de sus padres, como lo hizo con los estadounidenses su filial en Estados Unidos. La IPPF afirma en su ya mencionado documento ("Visión 2,000", pág. l7), que "Todas las personas tienen el derecho a estar libres de la interpretación restrictiva de textos religiosos, creencias, filosofías y costumbres como instrumentos para limitar la libertad de pensamiento en materias de atención de salud sexual y reproductiva y otros asuntos."
6.- Estrategia legal: la "sociedad civil"
El peligro que corren las personas que defienden la vida en América Latina es pensar que el aborto quirúrgico (el aborto farmacológico ya está presente), nunca podrá ser legalizado en todos los países de este continente. Pero lamentablemente están equivocados. Ese peligro puede convertirse en realidad, ya que las organizaciones proabortistas cuentan con un frente jurídico para cambiar las leyes según su ideología y con amplísimos recursos económicos para llevar a cabo estos cambios.
Por ejemplo, existe el Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo (GPI), cuyo presidente es el mismo que preside la IPPF-Hemisferio Occidental. La palabra "población" aquí es un eufemismo para referirse al control demográfico por medio de la esterilización, los anticonceptivos y eventualmente, pensamos, el aborto quirúrgico (que es lo que se busca legalizar).
Si sabemos lo que significa para el movimiento antivida esta palabra clave : "población", podemos entender la siguiente cita del Boletín de octubre-diciembre de 1998 de la ya mencionada organización: "Desde sus inicios, el GPI ha servido como cuerpo regional de coordinación para parlamentarios que trabajan en asuntos de población en América Latina y el Caribe. Como resultado de los esfuerzos del GPI, parlamentarios en toda la región han formado comités nacionales parlamentarios sobre población y desarrollo. Estos comités trabajan para desarrollar y cambiar legislaciones existentes y para dirigir la agenda nacional en temas de población y desarrollo."
Todavía algunos podrían objetar diciendo que los gobiernos latinoamericanos no permitirían estas políticas, ya que ello constituiría una injerencia en su soberanía nacional. Pero la IPPF, el GPI, la ONU, etc., han ideado una forma muy ingeniosa de aparentar un proceso "democrático" para cambiar las leyes. Se trata de su redefinición del término "sociedad civil".
Para estas organizaciones, la "sociedad civil" incluye las organizaciones no gubernamentales (ONG). La ONU les está reconociendo cada vez más importancia e influencia a las ONG en sus conferencias mundiales. El problema está en que la ONU es la que acredita o desacredita a las ONG que desean adquirir estatus para participar en los foros de ONG que se celebran paralelamente a las conferencias de la ONU. Dada la ideología de la ONU, no es de sorprenderse que la mayoría de las ONG acreditadas son las propias filiales de la IPPF, así como organizaciones feministas proabortistas.
De vez en cuando la ONU acredita a alguna que otra ONG pro vida (aunque a Human Life International le negó dicha acreditación). Sin embargo, cuando se convocan las conferencias de la ONU, estas ONG encuentran innumerables trabas burocráticas para participar plenamente.
Además, cuando las ONG pro vida solicitan fondos para sus actividades, incluyendo para su participación en las ya mencionadas conferencias, la ONU se los niega porque no incluyen la "planificación familiar" en sus proyectos de salud o desarrollo. En cambio, las otras ONG sí cuentan con dinero suficiente para emplear personal a tiempo completo, para ir a todas las reuniones, así como para quedarse a dormir cómodamente y a comer opíparamente en los mejores hoteles.
¿Qué tiene que ver todo esto con la soberanía de los países hispanos y con el cambio de sus leyes? Muy sencillo: las ONG representan la "voz del pueblo" , o en términos de la ONU y de la IPPF, de la "sociedad civil". Contradecir la voluntad de la "sociedad civil" es contradecir la "democracia", es traicionar la propia soberanía. De manera que cuando la ONU termina una de sus famosas conferencias y emite un documento que expresa el sentir, no sólo de los delegados, sino de las ONG que han realizado un intenso cabildeo; ese documento, que se encuentra plagado de "hermosos" términos, como "salud reproductiva", "salud sexual", "derechos reproductivos", "perspectiva de género", etc., proporciona un instrumento con el cual ejercer una enorme presión sobre los gobiernos latinoamericanos, cuyas leyes no se ajustan a las nuevas aspiraciones de la "sociedad civil". Para decirlo con claridad: la soberanía de nuestros países es violada elegantemente por la "sociedad civil".