Un 34% de los españoles estudia en colegios concertados, y esto supone millón y medio de alumnos. Si tenemos en cuenta que la plaza concertada cuesta la mitad que la pública, esto supone para el Estado un ahorro de un 50 % por alumno y año, lo que –los datos son de 2001–multiplicado por un millón y medio de alumnos suman 3600 millones de euros, es decir que con este ahorro podría hacer el Gobierno alguna autopista gratis al año o cosas por el estilo. Si esta gente que estudia en escuela “privada” pasara a la enseñanza estatal, los gastos de los presupuestos del Estado tendrían una partida de esa cantidad de millones.
Por otra parte, si la gestión de los centros estatales es tan mala como dicen algunos (cosa falsa, pero se nos insiste en que faltan recursos para los gastos que tienen), ¿por qué no dejar ya la pretensión de monopolizar la enseñanza y se privatiza según la libertad que ejercen los padres y un control por parte de la Administración pública? En la era de las privatizaciones, nos que dan dos monstruos de mala gestión: la enseñanza y la sanidad.
¿Por qué no hablar más de calidad de enseñanza? ahí está el verdadero problema, pues la crisis de una civilización bien podría estar en la despreocupación por la educación, por la transmisión de los valores a las generaciones sucesivas, porque no se poseen esos valores y no hay nada que transmitir, y centrarse en una existencia cosificada, un materialismo práctico de pensar en “tener” en vez de “ser”, y entonces, claro está, se prefiere un coche más grande que invertir más en educar bien a los hijos.
La batalla de si se concierta o no un centro educativo, ¿no puede ser un abuso de autoridad, como si fuera un favor cuando en realidad los padres tienen derecho a un ideario en la educación de sus hijos, mucho más cuando esa enseñanza “privada” quita las castañas del fuego a los presupuestos generales, pues reciben menos dinero?
“Ofrezcamos calidad y que los padres elijan”, es la voz que va haciéndose fuerte en esta tonta batalla entre pública y privada, que aparentemente es a favor de la enseñanza pública, pero en realidad le perjudica pues muchos padres piensan que “si está tan mal... mandaré a mi hijo a una privada”. Decía José Manuel Contreras, Presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) dice que “la escuela pública gana en calidad con la existencia de la escuela concertada, y viceversa”, y es que la postura contraria es un atentado a la libertad de los padres en la educación de sus hijos, dentro de una sociedad democrática y pluricultural, es el “café para todos” que ya conocemos de otras épocas.
De otra parte, no se tiene en cuenta los organismos estatales burocráticos que dan soporte a los centros educativos y que pagamos todos, mientras que los entes privados tienen que subencionarse la coordinación pedagógica y orientación, pero además tampoco contempla el concierto cosas tan básicas que suponen un gran gasto del herario público, como son los gastos de funcionamiento: administración, cargos directivos, y estructurales como amortización e inversiones de los centros.
Y en cuanto al famoso tema de elitismo en relación a los centros que acogen a los inmigrantes, basta ver el último número de la revista de la FERE (Federación de Escuelas Religiosas) para darse cuenta que no pueden competir con la pública por la sencilla razón que una familia con serias dificultades económicas busca el comedor y transporte gratis que sí tienen los centros públicos, y no los privados, y profesores de apoyo que atienda a esas minorías, que paga el Estado a los entes públicos. En fin, que el derecho constitucional a la elección de centro educativo no puede ser vulnerado por envidiejas ni anacrónicas “luchas de clases sociales”. A lo que hemos de ir, para un enriquecimiento de todos, es a garantizar la gratuidad del puesto escolar de cada centro que escogen los padres, porque cómo se le va a pedir a un padre que pague dos veces su educación, a través de los impuestos y esas otras ayudas a los centros educativos privados. Pienso que esta esquizofrenia no ayuda a que el contribuyente pague contento sus impuestos, pues piensa que son injustas estas contradicciones.